El expresidente peruano Pedro Castillo, quien gobernó el país entre 2021 y 2022, fue condenado este jueves a 11 años, 5 meses y 15 días de prisión por el delito de conspiración para la rebelión, tras el fallido intento de autogolpe ocurrido el 7 de diciembre de 2022, cuando anunció la disolución del Congreso y la instauración de un gobierno de excepción.
La Sala Penal Especial de la Corte Suprema determinó que Castillo no llegó a consumar el delito de rebelión, pues sus órdenes no fueron ejecutadas ni hubo un levantamiento real, razón por la cual la Fiscalía redujo su pedido inicial de 34 años de prisión. Aun así, el tribunal concluyó que existió una clara intención de quebrar el orden constitucional y atentar contra los poderes del Estado.
El mensaje que desencadenó la crisis
Aquella mañana, Castillo difundió un mensaje a la nación en el que anunciaba la disolución temporal del Congreso, la intervención del Poder Judicial y la instalación de un gobierno de emergencia, en medio de una nueva moción de vacancia impulsada por la oposición. Minutos después, sus ministros comenzaron a dimitir y las Fuerzas Armadas se deslindaron públicamente del intento de golpe.
El entonces mandatario abandonó Palacio de Gobierno y fue detenido mientras se dirigía hacia la embajada de México, donde su familia sí logró llegar y posteriormente obtuvo asilo. Horas más tarde, el Congreso aprobó su destitución y Castillo fue trasladado al penal de Barbadillo, donde permanece hasta la fecha.

Penas adicionales e inhabilitación
Aunque la Sala lo absolvió de los delitos de abuso de autoridad y grave perturbación del orden público, sí le impuso una inhabilitación de dos años para ejercer cargos públicos y el pago solidario de una indemnización de 12 millones de soles (aproximadamente USD 3,5 millones), junto a sus coacusados. Con esta sentencia, Castillo deberá continuar recluido en Barbadillo hasta abril de 2034.
Sentencias para sus exfuncionarios
El tribunal también condenó a 11 años, 5 meses y 15 días a la ex primera ministra Betssy Chávez, quien actualmente permanece asilada en la residencia de la embajada de México en Lima. Se ordenó una nueva orden de captura en su contra.
El exministro del Interior Willy Huerta recibió la misma pena, aunque su condena queda suspendida en caso apele y cumpla ciertas restricciones.
Por su parte, el exjefe del Gabinete y asesor principal de Castillo, Aníbal Torres, fue sentenciado a seis años y ocho meses de prisión, aunque la pena quedó sin ejecución debido a su avanzada edad (82 años). Los exjefes policiales Manuel Lozada y Justo Venero fueron absueltos.
La planificación del autogolpe
Según los magistrados, quedó acreditado que Castillo, Chávez y Torres redactaron el mensaje golpista la noche previa desde Palacio de Gobierno. Al día siguiente, convocaron a ministros y a un equipo del canal estatal TV Perú para grabar el pronunciamiento, ocultando el motivo real de la reunión.
La sentencia se emitió poco antes de que se cumplieran los tres años de prisión preventiva dictados contra Castillo, plazo tras el cual habría podido salir en libertad si el fallo no se anunciaba a tiempo.




